Aún cuando todavía persiste la situación de inmediato socorro que requiere el pueblo haitiano ante la magnitud de la tragedia que lo abate como consecuencia del sismo que devastó su capital y otras poblaciones afectadas, ya las naciones que han hecho ofertas de ayuda para entrar en la posterior segunda etapa, la de reparar los grandes daños provocados por el mismo y que en principio se han estimado en más de catorce mil millones de dólares, están planteándose la forma en que se puede y debe canalizar ese proceso.

Ya antes del fenómeno telúrico que ha dejado más de 300 mil víctimas y por sobre un millón de personas sin hogar, Haití se consideraba un estado fallido, con instituciones muy frágiles, un elevado nivel de pobreza y desempleo, altos índices de analfabetismo e insalubridad, una agricultura empobrecida por la erosión de sus suelos, una extendida corrupción y gran penetración de los carteles de la droga que lo han utilizado como base intermedia para sus operaciones en el plano internacional. Además, desde hace años se encuentra intervenido militarmente por la fuerza multilateral que bajo la bandera de la ONU y la denominación de MINUSTAH es la encargada de mantener el orden público después que su ejército fue desmantelado. El destructor seísmo no hizo más que llevar a extremos angustiosos los problemas que ya venía padeciendo Haití y que lo hacían figurar como el país más pobre del Continente y entre los más miseriosos del mundo.
Reparar los grandes daños sufridos al otro lado de la isla no es por tanto, tarea fácil. Pero no es quizás el mayor obstáculo acopiar los recursos materiales requeridos. Para ello, el Presidente Leonel Fernández ha planteado una réplica a escala menor del llamado Plan Marshall, que implementaron los Estados Unidos después de la II Guerra Mundial y que contribuyó a la espectacular recuperación de las empobrecidas economías de los países del Viejo Continente,desgarradas por el conflicto, salvo Suiza por su estatus de respetada neutralidad. Ejecutarlo en el caso de Haití representaría un desembolso de apenas dos a tres mil millones de dólares anuales por los próximos cinco años, cantidad manejable dentro del contexto de las finanzas mundiales.

Donde radica el problema que es a la vez desafío, se puede resumir en dos preguntas esenciales. La primera es con quién viabilizar esa ayuda, dado que el gobierno haitiano ahora mismo es prácticamente inexistente. Y la segunda, la elaboración de un plan que defina los destinos específicos que se daría a esos fondos. Esto así, sobre todo, si tomamos en cuenta que la meta a lograr no es la reconstrucción de Haití, en tanto esto sería simplemente volver a su condición fallida de antes del terremoto, sino de construir un nuevo Haití como un estado viable y en capacidad de garantizar la posibilidad de una existencia digna y un bienestar razonable a sus habitantes dentro de sus fronteras.

Los aportes, repetimos, no son la dificultad. El dinero aparece. Hay de sobra para cubrir el costo de los daños. Pero esos recursos no afluirán de seguro, si no se crean primero la estructura institucional, el plan a desarrollar y los mecanismos a través de los cuales se pueda ejecutar en la forma requerida, más eficiente y segura. Porque por más que mueva a compasión la infortunada tragedia de nuestro vecino territorial, ni los organismos internacionales ni las naciones aportantes tendrán vocación de hacer entrega de los recursos millonarios que se requieren en forma festinada, sin un control estricto de su destino y la garantía de que serán utilizados adecuadamente sin desvíos inescrupulosos que vayan a engrosar las cuentas bancarias de quienes siempre están al acecho para aprovechar cualquier coyuntura a fin enriquecerse sin importar las circunstancias por infortunadas que sean como en el caso haitiano.

Confiemos que ambas interrogantes, el con quién y para qué, encuentren adecuada respuesta para que a partir de los escombros presentes se pueda levantar el nuevo Haití del futuro en beneficio de los haitianos y también de los dominicanos.